Las masivas manifestaciones y la paralización de parte importante de los servicios públicos en Francia en protesta por la reforma laboral aprobada en primera instancia por decreto ha llevado al país a una disyuntiva, en la que deberá optar por liberalizar el mercado de trabajo o afrontar una creciente conflictividad política y social, dada la frontal oposición de los sindicatos al proyecto y su defensa a ultranza por parte del presidente François Hollande y su primer ministro, Manuel Valls.

Hacía décadas que no se veía a cientos de miles de ciudadanos manifestándose en contra del gobierno. La llamada Ley El Khomri por la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, es denostada por el 60% de los franceses. Las movilizaciones sectoriales confluirán el 14 de junio en una gran manifestación nacional, que seguramente se verá acompañada de disturbios, destrozos, cierre de refinerías, paralización de las centrales nucleares, desabastecimiento de combustible y cortes en el suministro eléctrico.

Las huelgas en el transporte público se podrían extender en toda la celebración de la Eurocopa de Fútbol, que se inaugura el 10 de junio y concluye un mes después, lo que da a los sindicatos formidable capacidad de presión. El oficialismo comienza a mostrar fisuras. Mientras Valls se muestra inflexible, el jefe del grupo parlamentario socialista, Bruno Le Roux, prefiere edulcorar el artículo 2 del proyecto, que privilegia legalmente los acuerdos bilaterales entre las empresas y sus trabajadores sobre los convenios colectivos de patronal y sindicatos. También el ministro de Hacienda, Michel Sapin, está a favor de la enmienda parcial del artículo. Pero Valls solo admite modificaciones en el trámite parlamentario, aduciendo que el texto ya ha sido diluido bastante con la inclusión de 600 enmiendas de las casi 5.000 presentadas.

Hollande no descarta que la reforma sea aprobada definitivamente por decreto en…