Dentro de los casi 240 años de historia que acumula el diseño constitucional de la Presidencia de Estados Unidos, hasta el segundo mandato de Donald Trump se ha considerado a la Administración de Richard Nixon como el momento clave en la expansión y abuso de poder ejecutivo. Aunque el término ya llevaba en circulación varios años, en 1973 el historiador Arthur M. Schlesinger Jr. acuñó la expresión The Imperial Presidency en su libro de 1973 para referirse al clímax alcanzado en la sobredimensión de la Casa Blanca durante el siglo XX y la apoteosis de los esfuerzos por escapar al control y los límites establecidos por los Founders & Framers de la Constitución de 1787.

El argumento principal planteado por Schlesinger es que el Congreso de Estados Unidos había logrado preservar el histórico equilibrio constitucional entre Legislativo y Ejecutivo manteniendo su jurisdicción sobre tres atribuciones fundamentales: la potestad de declarar guerras, la responsabilidad sobre el gasto público, y la autoridad para controlar e investigar al gobierno federal. A tenor del análisis del historiador de cabecera de John F. Kennedy, la Administración Nixon se habría entrometido en todas y cada una de esas tres funciones exclusivas del Legislativo: al iniciar dentro de la guerra de Vietnam hostilidades en Camboya sin ninguna autorización parlamentaria; al congelar (impoundment) partidas presupuestarias de gasto público ya aprobadas por el Congreso; y al convertir en absoluta la atribución de confidencialidad ejecutiva (executive privilege) frente a las pesquisas y obligados controles del Legislativo.

En cualquier caso, no se puede atribuir el problema de las extralimitaciones del ejecutivo federal a tan solo un par de ocupantes del despacho oval. La percepción de la Presidencia como un problema forma parte desde hace tiempo de un creciente debate en la política de Estados Unidos sobre las…