Para evitar la resistencia de sectores inmovilistas, es necesario clarificar la naturaleza del nuevo Estado y acelerar los cambios. Sobre todo no hay que cultivar el olvido del pasado.

Tras la guerra civil española (1936-1939), la dictadura controló el país mediante la represión. Solo tras la muerte del dictador, en 1975, empezó la transición, aunque los cambios económicos, sociales y políticos se habían iniciado antes. En los años sesenta, el crecimiento económico consolidó unas clases medias que incrementaron los niveles de consumo y el acceso a la educación. La mecanización de la agricultura y el crecimiento industrial provocaron una fuerte emigración desde el campo hacia las regiones industriales y hacia Europa, que cambió la distribución regional de la población y el porcentaje de población activa agraria (23% en 1970) fue superado por el de la población ocupada en los sectores secundario (38%) y terciario (39%). Los cambios tuvieron consecuencias políticas. El sistema político y sindical de la Segunda República fue sustituido por uno nuevo que, desde la clandestinidad, aspiraba a homologarse con los países europeos democráticos. El crecimiento económico y la oposición clandestina aproximaban a la sociedad española a sus referentes europeos, mientras el turismo y la emigración ilustraban la distancia que la separaba de ellos…