Dado que la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) no está sujeta a un calendario fijo, el clásico argumento empleado para aprobar una nueva es aducir que han cambiado las circunstancias que definen el escenario de seguridad. Evidentemente, esa idea de cambio es válida en cualquier momento, puesto que el mundo globalizado se caracteriza por un incesante ritmo de modificaciones que cuestionan lo que parecía inmutable ayer mismo, haciendo cada vez más compleja la gestión de los asuntos de paz, seguridad y defensa. Dicho eso, y si lo comparamos con giros tan significativos como los vividos en etapas anteriores, no resulta tan claro que fuera imprescindible ahora mismo la elaboración de una ESN que sustituyera a la de 2013. De hecho, más allá de algunas matizaciones que se analizan a continuación, hay mucho más de continuidad que de cambio en sus 128 páginas.

De un documento que, en su primera formulación de 2011, se titulaba Estrategia Española de Seguridad hemos pasado a otros (2013 y 2017) que optan por la denominación de Estrategia de Seguridad Nacional, cuando habría sido más atinado hablar de Estrategia Nacional de Seguridad (nadie diría, por ejemplo, Estrategia de Trabajo Nacional si se formulase algo similar en ese o en cualquier otro campo). Y esto no solo por huir del concepto de seguridad nacional, que tan trágico recuerdo acumula tras las experiencias de las dictaduras latinoamericanas, alineadas con las enseñanzas de la siniestra Escuela de las Américas, o por preferir el de seguridad humana (que no se menciona ni una sola vez en el texto), sino por entender que lo relevante es lograr la colaboración de todos los actores estatales y no estatales (la nación) en pos de la seguridad común. Una colaboración que, en la versión de 2011, se establecía como “una responsabilidad de todos” y…