Cualquier unión monetaria sería insostenible si los países miembros siguieran patrones heterogéneos en su política fiscal. Pero las cuentas públicas pueden registrar un déficit que incumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sin que las autoridades sean responsables.

Hace 50 años, especialistas en economía internacional –a partir de Mundell, 1961, y de McKinnon, 1963– realizaron una interesante construcción teórica en torno a la pregunta siguiente: ¿pueden dos o más países aislarse, en un mundo de tipos de cambio fluctuantes, fijando irrevocablemente la paridad entre sus monedas, es decir, renunciando al reajuste unilateral del tipo de cambio, y constituyendo un área monetaria dentro de la cual individuos y empresas puedan operar sin riesgo cambiario?

Una respuesta positiva parecía exigir que los países compartieran ciertas características estructurales previas para asegurar el éxito del proyecto. Por ejemplo, un alto grado de apertura exterior, un sistema salarial flexible –y en su defecto, movilidad internacional de su fuerza de trabajo–, o preferencias arraigadas por la estabilidad monetaria. En el fondo, parece razonable pensar que, existiendo un impulso político decidido, estructuras económicas de cierta homogeneidad están en condiciones de captar los beneficios de la certidumbre cambiaria en contrapartida al coste de perder algunos grados de libertad en su gestión económica. En determinados casos, estructuras relativamente heterogéneas de partida pueden converger si los países aciertan a aprovechar la dinámica interna del área monetaria.