Discapacidad e inserción en Ecuador

MARÍA ESTHER ARETXABALA Y JUANA EMILIA BERT
 |  3 de diciembre de 2015

“La discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito”. Stephen W. Hawking

 

La discapacidad, prioridad mundial en materia de derechos humanos y desarrollo, resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Así, de acuerdo a la relación que se produce entre la persona y su contexto, se define el concepto en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, el cuerpo normativo internacional orientador de las medidas a adoptar por los diferentes países.

Según la Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial sobre la Discapacidad de 2011, el número de personas con discapacidad está creciendo y cifra en más de 1.000 millones de personas, alrededor del 15% de la población mundial, quienes viven con alguna forma de discapacidad. El informe también señala que las características de la discapacidad en un país concreto están influidas por las tendencias en los problemas de salud y en los factores ambientales y de otra índole, como los accidentes de tráfico, las catástrofes naturales, los conflictos, los hábitos alimentarios y el abuso de sustancias.

En concreto, en América Latina se asume una población con discapacidad de unos 85 millones. Dada su importancia demográfica, la discapacidad es un asunto sobre el que existe legislación específica y cada país cuenta con una serie de normas y ordenamientos propios que, directa o indirectamente, tratan esta cuestión respondiendo en buena medida al orden internacional establecido en términos de derechos humanos. En general, las protecciones legales en este sentido son adecuadas. Sin embargo, existe dispersión de leyes y cierto incumplimiento sistemático que reflejan legislaciones declarativas promulgadas en términos de formalidad para cumplir compromisos políticos, pero desprovistas de recursos y carentes de mecanismos efectivos de exigibilidad e instancias de vigilancia.

Así, en Ecuador, según datos del INEC de 2015, se estima que alrededor del 5,5% de sus casi 14,5 millones de habitantes son personas con discapacidad, 800.000 aproximadamente. El país ha empezado a adoptar medidas para mejorar la vida de estas personas dentro del modelo de inclusión y derechos humanos. La búsqueda por una mejora continua de la atención a esta parte de la población se encuentra refrendada por la Constitución de la República de 2008 en sus artículos 47, 48, 49; y se materializa en el enfoque y cuerpo legal del Plan del Buen Vivir y en la Ley Orgánica de Discapacidades de 2012, concretándose en el funcionamiento de diferentes instituciones. Estas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales dan respuesta a la necesidad de cumplir con la política de inclusión de las personas con discapacidad, sustentando sus acciones en los principios de normalización, integración, equiparación de oportunidades e inclusión en el marco de los derechos humanos, de cara a impulsar programas de formación y capacitación de recursos profesionales para la atención educativa a estas personas y su formación laboral; la producción científica; y el establecimiento de medidas de protección social, económicas y jurídicas.

Aunque la inserción laboral y la inclusión educativa y social de este colectivo en el contexto ecuatoriano es un desafío de especial importancia para el desarrollo del país, constituye todavía un asunto complejo donde influyen variables de carácter multifactorial, intersectorial e interdisciplinar, dada la diversidad de modalidades de atención y la situación en que se encuentra cada sujeto. Actualmente, se revelan diversos logros de la política social ecuatoriana acerca de la atención e inclusión de las personas con discapacidad: Ecuador fue reconocido en abril de 2015 como el primer país latinoamericano en tener las mejores prácticas en accesibilidad universal, según la Fundación Design for All.

No obstante, algunas acciones en el campo de la investigación sobre el análisis del tratamiento de esta temática desvelan ciertas contradicciones entre las normativas, la política que impulsa el país y la realidad socio-laboral de las personas con discapacidad para: 1) tratar de emancipar a las personas que viven con alguna discapacidad; 2) lograr una participación social genuina de cada una de ellas haciendo que sus voces sean escuchadas; 3) proyectar acciones efectivas de mejora de la calidad en su inclusión laboral, y 4) suprimir los obstáculos que las impiden participar en las comunidades, recibir una educación de calidad y encontrar un trabajo digno de cara a valorarlas como seres humanos que aportan de manera productiva al crecimiento general ecuatoriano y mundial.

Para tratar de subsanar las incoherencias existentes se necesitaría: primero, alcanzar un mayor nivel de integración entre las instituciones educativas y los organismos, organizaciones y entidades laborales; segundo, mejorar la coordinación entre las instituciones, organismos y organizaciones que atienden a las personas con discapacidad y a sus familias; y por último, fundamentar óptimamente el proceso de inclusión educativa, formativa, social e inserción laboral teniendo en cuenta las relaciones que se establecen entre la política del país, la demanda de la sociedad y las fortalezas del marco comunitario y de las familias.

Por tanto, pese a los éxitos, es mucho lo que queda por hacer en Ecuador, donde la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito.

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