“Franquicias políticas” en la democracia delegativa

LUIS VERDESOTO Y GLORIA ARDAYA
 |  2 de julio de 2015

Las carencias de las “democracias limitadas”, “de baja intensidad” o “democracias delegativas” no solo refieren a déficit del Estado de Derecho o de vigencia de los derechos sociales. Incluyen al terreno de los derechos civiles en un amplio rango que va desde los abusos policiales a la coartación de información pública y la violación de la intimidad. Desde otro ángulo, tampoco el Estado logra implantar o mantener control en todo el territorio, combinada con una colonización por intereses particulares nacionales e internacionales que ha permitido la impunidad y la subsistencia de múltiples formas de discriminación y la veloz multiplicación de la corrupción.

La democracia –procedimiento irremplazable de interacción– requiere de un procesamiento permanente de la desigualdad social, como condición de sustentabilidad de la igualdad política. La gran deuda pendiente corresponde al rubro de las desigualdades de arranque y de oportunidades. La complejidad del tejido social y de la diversificación económica deviene en una demanda de servicios públicos, que no se puede refugiar en la movilidad ascendente, ni en la cobertura educativa. Las mayorías se detienen ante los costos y nuevas formas de segregación. La respuesta al futuro –sostenimiento del optimismo– se esboza más fácilmente en entregarse como masa disponible de muchas modalidades de informalidad, incluyendo la disponibilidad al delito organizado o no.

Las instituciones representativas sufren un notable deterioro. Los mecanismos electorales manipulados han adelantado así como han modificado la figura del “fraude electoral”, esto es, la abierta desigualdad de oportunidades de participar en la formación de la opinión pública en período preelectorales y han desfigurado al financiamiento de la política. De otro lado, se ha cancelado al funcionamiento del sistema político entendido como interacción de diversos y se los ha reemplazado por partidos inflexibles que emanan intolerancia. El resultado es la insatisfacción y desafección con la política y en particular con la democracia, en la forma de su régimen y en la calidad de sus procesos y resultados. Más aun, los ciudadanos la reducen a sus rendimientos insuficientes.

Las insuficiencias han sido asumidas, con un patrón o más bien desde una franquicia, en particular por varios países andinos: Venezuela, Ecuador y Bolivia.

La implantación de la “democracia delegativa” está correlacionada con el deterioro y debilidad de los sistemas de partidos, que no alcanzaron a fortalecerse luego de la “transición” a la democracia, y más recientemente por el efecto pernicioso –despolitización, desideologización– en la política del excedente económico, especialmente del precio de los comodities. Son regímenes que emergieron de un voto popular que genera una “legitimidad gris”, asentada en un frágil convencimiento democrático de los actores, que deriva en representaciones proclives a la transgresión normativa y valórica. Los diseños constitucionales –de refundación nominal– crean instituciones de novedad disparatada, con estructuras centralizadas y afincadas en cerrojos, garantías de inmovilidad (como si lo fueran de la correlación de fuerzas “progresista”).

Grandes procesos (y expectativas) “revolucionarios” han terminado pariendo solamente un “recambio” en la élite política que se expresa en lo generacional y étnico. Se trata de retornos virtuales a la estructura de interrelaciones de la “casta señorial” (la referencia es a Zavaleta) al margen de la condición social o la invocación discursiva. La nueva elite política no es uniforme. Es la nueva y la vieja izquierda y derecha, cobijada en una forma de “nacionalismo básico”. Este personal político se caracteriza por la sumisión al nuevo liderazgo caudillista y al margen del grado de “ilustración” que ostente. Las administraciones públicas no son meritocráticas, y sí operadoras puntuales del pensamiento único.

Un proceso de “modernización conservadora”, auspiciado por el personalismo político y la abundancia económica (que incluye la ampliación de la recaudación impositiva y de la estabilización de las remesas), da visibilidad a las nuevas bases sociales de la democracia sean formales e informales, legales e ilegales. En periodos de ascenso económico acatan la distribución autoritaria y en períodos de ralentización anuncian una aguda querella por el excedente público. El rol del caudillo es imprescindible. Institucionalmente se expresa en la subordinación de las funciones al Ejecutivo y de la sociedad al Estado. Se ha eliminado a la política de agenda pública. Se ha judicializado a la política y se ha politizado a la justicia. En nombre del bien común y del “interés público”, las masas aceptan la transgresión y el intercambio de instituciones por excedente.

El funcionamiento de las instituciones permanece lejano a la autorregulación y la sociedad cede el autogobierno. El clientelismo y el patrimonialismo se refuerzan como formas de mediación, en especial ante el predominio de la política pública como gasto. La redistribución se basa en la renta, que se absolutiza. En ese contexto, las fuerzas armadas se han convertido en objetos de cooptación, para desligarlas de la búsqueda de una misión en democracia. Aparecen nuevas formas de tutela del sistema político.

Los pactos territoriales se han quebrado, profundizándose la recentralización. Existe un hostigamiento a la inversión privada y escasa seguridad para ella. Los partidos y los movimientos sociales se han subordinado a la dinámica estatal. Se pretende eliminar toda forma de oposición y suprimir la dinámica de pesos y contrapesos. En particular se observa una forma de “decisionismo”, concretada en la obra pública contratada de modo directo, con la anuencia de los parlamentos.  Esta situación deriva en derroche de recursos, forma más visible de nuevas líneas de corrupción pública. La abundancia de recursos y la necesidad de invertirlos para reproducir el poder sumerge al mundo público en los experimentos tácticos. El gobierno es solamente una prolongación de la campaña electoral pasada y prolegómeno de la siguiente.

En suma, la generalización de la modernización conservadora (bienes económicos y tecnológicos) bloquea la modernidad en tanto equidad en el sistema de oportunidades democráticas. La vigencia de una baja y tensionada ciudadanización ancla a la cultura política en el autoritarismo, el potente liderazgo estatal y la castración de la sociedad. La forma iliberal (democracia mayoritaria, autorización abierta, oportunismo plebiscitario) ha derivado, especialmente en Ecuador, en la emergencia del neopopulismo caracterizado por el crecimiento de la materialidad estatal y de la regulación pública, que vigoriza una asociación dependiente de los actores con el Estado. Un mal Estado sin atributos de estatalidad.

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