Sandra Torres, candidata guatemalteca del UNE, muestra su dedo entintado después de votar el 11 de agosto de 2019. Fue detenida el 2 de septiembre acusada de corrupción en su partido/GETTY

La democracia pierde en Guatemala

JUANA MARGARITA GUERRERO GARNICA
 |  4 de septiembre de 2019

Guatemala se encuentra en la recta final del proceso electoral de 2019. A mediados de agosto se produjo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, disputada por los binomios de los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE): Sandra Torres Casanova y Carlos Raúl Morales, y Vamos: Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo. El proceso electoral será recordado como el más viciado, opaco, plagado de errores de interpretación de la ley, judicialización del proceso electoral, violación de derechos humanos y resultados más deslegitimados de la actual era democrática del país.

Basta con hacer un repaso de los números para entender el grado de deslegitimación del próximo gobierno y el impacto que tendrá en su desempeño. De un padrón electoral conformado por 8.150.221 personas aptas para emitir el voto, acudieron a las urnas 3.480.104, un 42,7% del padrón, de los cuales solo 1.907.801 votos pertenecen a Vamos (datos preliminares del TSE a 2 de septiembre de 2019, con el 99,73% de las mesas escrutadas).

Con un abrumador abstencionismo, del 57,3%, en la segunda vuelta, en palabras de Luis Fernando Mack Echeverría, “Giammattei es el presidente con menor apoyo ciudadano desde 1985, apenas 14% en primera vuelta. Para poner este dato en perspectiva, todos los candidatos perdedores en segunda vuelta desde 1985 obtuvieron más apoyo ciudadano en primera vuelta que el nuevo presidente”.

De igual manera, el partido Vamos consiguió 17 escaños en el Congreso de la República, que si bien no es un mal número dada la baja popularidad del binomio y del partido, tampoco le permite conformar un bloque fuerte que respalde las decisiones del ejecutivo, que quedará a merced de un enorme trabajo de cabildeo.

 

Gobiernos militares disfrazados de demócratas

Desde 2012, con la llegada del Partido Patriota (PP) de Otto Pérez Molina al poder, Guatemala viene siendo conducida por gobiernos militares disfrazados de demócratas, pertenecientes a diferentes Ciacs (Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad). Ahí están el ya mencionado PP del general retirado Pérez Molina, perteneciente a El Sindicato, o los fundadores del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), militares señalados por crímenes de lesa humanidad y miembros de La Cofradía, con Jimmy Morales al frente.

Esto ha significado un enorme retroceso en los procesos democráticos del país. Sobre todo durante el actual gobierno, con el desarrollo o intento de desarrollo de leyes, normas y programas que violan los derechos humanos, así como con la búsqueda de una amnistía para los ejecutores de crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil guatemalteca.

Aunque de momento no se ha demostrado el vínculo, los analistas apuntan que los militares detrás del actual gobierno también brindarían apoyo al partido del presidente electo. De ser cierto, Guatemala está a las puertas de un tercer gobierno consecutivo dirigido por la cúpula militar.

 

¿Fin de la UNE y de Torres?

Otra consecuencia del proceso electoral es el posible fin del partido que, con 19 años de existencia, es el más antiguo de Guatemala: la UNE. A lo que hay que añadir el posible fin de la carrera política de Torres.

Derivado de las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional por la Impunidad (CICIG) por financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita durante las elecciones de 2015, y al haber perdido su inmunidad política, el 2 de septiembre Torres, después de su tercer intento por alcanzar la presidencia del país, fue detenida y conducida a tribunales para prestar su primera declaración. Tras la declaración, la jueza a cargo del caso decidió enviarla a prisión preventiva. En paralelo, el ministerio Público ha iniciado el trámite correspondiente de cancelación del partido.

Cabe recordar que el FCN-Nación, así como Morales y otros miembros del partido, están siendo investigados por la posible comisión de los mismos delitos para el mismo período, y que el 14 de enero los funcionarios del actual gobierno pierden igualmente su derecho de antejuicio.

 

Debilitamiento del sistema democrático

Sin buscar inducir al error y pretender señalar fraude electoral durante este proceso o decir que el mismo ha sido ilegal, este ha sido un proceso plagado de vicios, errores y opacidad. Se dejó a los electores sin sus candidatos naturales por medio de la judicialización del proceso, como ejemplifican los casos de Thelma Aldana, Zury Ríos y Edwin Escobar. Se permitió la participación de candidatos que carecían de la idoneidad establecida por ley (y ética) vinculados a estructuras criminales. Y se orilló a los electores a escoger entre dos binomios presidenciales que representaban la continuidad de un sistema corrompido. De ahí el resultado: una abstención récord y el gobierno con menos legitimidad de los últimos 30 años.

El gran perdedor en este proceso electoral es el sistema de democracia representativa guatemalteco, que se encuentra en uno de los puntos más álgidos de una crisis que es necesario frenar. Para lograrlo, la única forma es realizando cambios estructurales, reformas profundas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y de las leyes orgánicas para arrancar los problemas institucionales de raíz. Por último, es urgente mejorar las condiciones básicas de la población para vencer el voto clientelar y conseguir, a cambio, un voto más razonado, consciente e informado.

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