El pte. de Brasil, Jair Bolsonaro (I), habla con el de Paraguay, Mario Abdo Benítez, durante el nombramiento del nuevo director del lado brasileño de la represa hidroeléctrica binacional de Itaipú (26/02/19)/NORBERTO DUARTE/GETTY

Paraguay: crónica de un juicio político que no fue

SARA MABEL VILLALBA PORTILLO
 |  2 de septiembre de 2019

En menos de un año de gobierno, el actual presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ha tenido que afrontar su primer conato de juicio político, además de declarar ante el Ministerio Público. Un récord en relación con sus antecesores en el cargo. El titular del Ejecutivo proviene de la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, el mismo que sostuvo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

El escenario que en agosto de este año desembocó en la solicitud formal de juicio político de los titulares del Poder Ejecutivo (presidente y vicepresidente de Paraguay) ha sido extremadamente complejo debido a los enormes intereses en juego y a la intervención de múltiples actores nacionales e internacionales. El motivo inicial fue la firma del acta bilateral de la represa hidroeléctrica de Itaipú entre Brasil y Paraguay.

El documento en cuestión –suscrito el 24 de mayo de 2019 y hecho público la última semana de julio- prohibía la contratación y venta de energía a terceros. Anteriormente, el gobierno paraguayo había asumido la postura de vender los excedentes a otros países, los cuales podrían pagar mejor por el producto que Brasil. Según el acta, Paraguay renunciaba a la energía excedente que venía contratando, es decir a un beneficio que le permitía comprar energía más barata. Por tanto, el punto representaba un sobrecosto de 250 millones de dólares para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

El presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, anunció su renuncia tras negarse a refrendar dicho acuerdo bilateral, firmado vía Cancillería de ambos países. En efecto, fue la primera vez que los diplomáticos intervinieron en una negociación sobre la compra de potencia, desde la firma del Tratado de Itaipú, el 26 de abril de 1973.

La renuncia de Ferreira desencadenó la difusión del acta firmada y generó suspicacias por parte del Congreso, principalmente, y de indignación por parte de varios sectores sociales. “Traición a la patria” y “venta de soberanía” fueron dos de las principales acusaciones por parte de los partidos opositores y de la ciudadanía que comenzaron a circular a través de todos los medios de comunicación. Además, tanto los partidos de la oposición y ciudadanos autoconvocados se manifestaron para exigir la renuncia de las autoridades implicadas en la firma del acta.

La Cámara de Senadores propuso la creación de una Comisión Bicameral para investigar el acuerdo, que fue aceptada por la Cámara de Diputados. Los legisladores cuestionaron el hermetismo respecto a la firma del documento y que el presidente de la República no lo hubiera mencionado siquiera en su informe ante el Congreso, que se había registrado el 1 de julio, menos de un mes antes.

Además, diversos audios y mensajes de WhatsApp filtrados revelaron una supuesta injerencia en el acuerdo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, para favorecer a una empresa brasileña en la venta de energía de la ANDE. El vicepresidente fue convocado por la Cámara de Diputados y negó su responsabilidad en los hechos. Además, fue denunciado por traición a la patria ante el Ministerio Público.

La situación desembocó en la renuncia del titular de la Itaipú (por el lado paraguayo), José Alderete; el canciller Luis Alberto Castiglioni; el titular de la ANDE, Alcides Jiménez; y el embajador en Brasil, Hugo Saguier Caballero. Asimismo, Brasil aceptó anular el acta bilateral mediante la firma de un documento por parte de la cancillería paraguaya y el embajador de Brasil en Paraguay, Carlos Simas Magalhaes.

 

Dos solicitudes de juicio político

A pesar de las renuncias mencionadas, la principal consecuencia de la firma del acta fueron dos solicitudes formales de juicio político a los titulares del Poder Ejecutivo. El martes 6 de agosto, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), principal partido de la oposición, junto con el Partido Encuentro Nacional (PEN) y el Partido Hagamos, presentaron -ante la Cámara de Diputados- el escrito acusatorio para el juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al vicepresidente, Hugo Velázquez. El argumento esgrimido fue el mal desempeño y la extralimitación de las funciones. Un día antes, el Partido Patria Querida (PPQ), también había presentado una demanda de juicio político, únicamente contra el vicepresidente, por mal desempeño de funciones y la posible comisión de hechos punibles.

Sin embargo, el 20 de agosto la Cámara de Diputados rechazó la solicitud de juicio político con 43 votos de los diputados de la ANR (partido al que está afiliado el Presidente de la República) frente a 36 de la oposición. La Constitución Nacional establece que, para iniciar un juicio político, la Cámara de Diputados debe aprobar un escrito acusatorio por mayoría absoluta de dos tercios (Artículo 225). Esto equivale al voto de 53 de los 80 legisladores.

El rechazo del juicio político fue posible mediante un pacto entre las facciones internas de la ANR. Por un lado, los legisladores del movimiento Colorado Añetete, que responde al presidente de la República, Mario Abdo Benítez; y por otro lado los diputados del movimiento Honor Colorado, que responde al expresidente de la República, Horacio Cartes, quienes en principio habían estado a favor del juicio político.

Además, desde el inicio de la crisis y de manera ininterrumpida, se realizaron movilizaciones ciudadanas impulsadas por los partidos opositores y por diferentes sectores sociales. El objetivo: reclamar el juicio político y denunciar el pacto entre los colorados al que denominaron “pacto de impunidad”.

 

El nuevo escenario en Paraguay

Un mes después del inicio de la crisis, el escenario todavía es incierto. No obstante, se pueden vislumbrar algunos resultados, unos previstos y otros coyunturales.

Así, parece clara la continuidad de las investigaciones por parte de la Comisión Bicameral -conformada por cinco senadores y cinco diputados- y el Ministerio Público. Ambos organismos ya han tomado declaración a autoridades implicadas en la firma del acta y continúan en estas funciones. Ante el Ministerio Público incluso ha declarado el presidente de la República.

Además, las negociaciones con respecto a la firma del acta bilateral deberán comenzar nuevamente en el ámbito técnico. La firma de este acuerdo constituye la antesala de las renegociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú, que en el 2023 cumple 50 años. En el marco de la crisis fue integrada la mesa asesora para dichas renegociaciones. La expectativa de Paraguay es lograr la libre disponibilidad del 50% de toda la energía producida por la represa Itaipú Binacional.

Por último, es firme la unidad de los movimientos internos de la ANR, que impidió que prosperara la demanda de juicio político al presidente y al vicepresidente de la República. En menos de 24 horas, después de una reunión entre el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el ex primer mandario, Horacio Cartes, el movimiento Honor Colorado –liderado por este último- revirtió su postura inicial y se negó a apoyar el pedido impulsado por los opositores. El último anuncio del grupo unificado de las dos bancadas fue el impulso y apoyo para obtener victorias en las elecciones municipales de 2020.

0 comentarios en “Paraguay: crónica de un juicio político que no fue

  1. action created

  2. action started

  3. action failed: Subscription doesn’t exist in scheduled action: 0

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *