El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con mascarilla durante una rueda de prensa sobre la pandemia del Covid-19 en marzo de 2020. GETTY

Los frentes abiertos de Bolsonaro

Con Brasil convertido en uno de los epicentros de la pandemia del Covid-19 y multitud de conflictos activos, crece el miedo a que el presidente decrete medidas excepcionales de militarización del país.
ESTHER SOLANO GALLEGO
 |  2 de junio de 2020

Cuando empiezo a escribir este artículo, 29 de mayo, el número oficial de muertos por Covid-19 en Brasil es de 26.899 y la cifra de infectados de 443.542, siendo los dos grandes focos de la enfermedad São Paulo y Río de Janeiro. La curva de infección no deja de subir y el país latinoamericano ya es uno de los grandes epicentros mundiales del Covid-19. Esto si hablamos solo de datos oficiales, sin embargo, un estudio recién presentado por la Universidad de São Paulo y la Universidad Nacional de Brasilia demuestra que el número de casos puede ser 15 veces mayor.

La batalla contra el coronavirus se complica todavía más por la desastrosa gestión del gobierno de Jair Bolsonaro. El jefe del ejecutivo negó desde el primer momento el alcance de la enfermedad clasificándola como una “gripecita” y negando la importancia del aislamiento, por lo que no se tomaron medidas en el ámbito federal para parar los contagios. Todavía más, en estos dos últimos meses, dos ministros de Sanidad han dimitido. El primero, Luiz Henrique Mandetta, tuvo grandes diatribas públicas con Bolsonaro al defender las medidas de aislamiento. Mandetta, médico de 55 años, de una extensa familia de políticos y diputado durante dos legislaturas salió del gobierno el 16 de abril.

Una encuesta del Instituto Datafolha publicada el 3 de abril mostraba que la aprobación a la gestión de Mandetta ante la crisis del coronavirus era del 76%, más del doble que la de Bolsonaro (33%). Hay quien llega incluso a especular con la posibilidad de la formación de una candidatura presidencial para las elecciones de 2022 con el también muy popular exministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, a la cabeza, y Mandetta como vicepresidente. Esta candidatura sería aún más viable porque Mandetta pertenece al mismo partido que el presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia (DEM, Demócratas).

Mandetta no fue el único en abandonar a Bolsonaro, su sucesor, Nelson Teich, dejó el cargo un mes después, el 15 de abril, por los mismos problemas de falta de entendimiento con el presidente. Conclusión: con la curva en pleno ascenso, Brasil lleva dos semanas sin ministro de Sanidad, con el general Eduardo Pazuello como ministro interino, cuya única estrategia hasta el momento ha sido sustituir altos cargos técnicos del ministerio por militares.

Para agravar aún más la situación, Bolsonaro está en pie de guerra con los gobernadores de los Estados, responsables de la gestión de la crisis en cada una de sus regiones. El gobernador del Estado de São Paulo, João Doria, exbolsonarista, lideró la que ha sido denominada “revuelta de los gobernadores”, enfrentándose al presidente y decretando el confinamiento en su Estado. También Wilson Witzel, antiguo aliado de Bolsonaro y hoy enemigo declarado, decretó el confinamiento en su Estado, Río de Janeiro. Con los gobernadores de otras regiones tampoco hubo diálogo: “no hay más diálogo con este hombre. Las cosas han llegado a su fin”, afirmó Ronaldo Caiado, médico, importante líder del agronegocio y gobernador de Goiás (Región Centro Oeste), quien apoyó decididamente, y desde el principio, la campaña electoral del líder ultraderechista. Caiado, como la mayoría de los gobernadores, ha ordenado unilateralmente estrictas medidas para evitar la propagación del coronavirus en su región. Apenas gobernadores de Estados pequeños y/o de poca expresión económica, como Mato Grosso, Rondônia y Santa Catarina, han seguido la postura de Bolsonaro, reabriendo parcialmente el comercio.

El problema es que, a diferencia de los países europeos, en un territorio mayoritariamente de población pobre, como Brasil, una cuarentena estricta es imposible. Las personas tienen que salir a trabajar para sobrevivir, por lo que el confinamiento está destinado al fracaso y así ha sido. En los Estados donde este ha sido decretado, solo se ha cumplido parcialmente y millones de personas han salido de casa para trabajar, por lo que ahora Brasil se encuentra en una paradoja sin solución. Los gobernadores no pueden seguir decretando cuarentena porque es insostenible para la población más pobre, y se han visto obligados a promulgar medidas de desescalada y apertura de las actividades económicas y comerciales, justo cuando el número de muertos bate récords. Por ejemplo, un día después de que Doria anunciase la flexibilización de las medidas en São Paulo (28 de mayo), el Estado registró el máximo de muertes oficiales: 268 en 24 horas.

La población pobre de Brasil tiene miedo a una pauperización todavía mayor. Las pocas medidas anunciadas hasta ahora por el gobierno brasileño caminan en la dirección de minimizar las pérdidas para las empresas y reducir los impactos de la crisis, por ejemplo, flexibilizando las regulaciones laborales durante el “estado de calamidad pública”, pero con pocas acciones para asegurar el bienestar de la población. La única legislación que hasta ahora se ha votado en el Congreso destinada a proteger del impacto económico del confinamiento a una población con más de 40% de trabajadores informales surgió de una propuesta de los partidos de la oposición, la renta mínima de emergencia: 600 reales mensuales que el gobierno dará durante el periodo de pandemia a cada familia de bajos ingresos. Hasta 50,5 millones de personas han tenido autorización para recibir esta renta. Las largas filas de brasileños frente a las oficinas de la Caixa Económica Federal para cobrar el auxilio son una de las imágenes que resume la tragedia económica que se agolpa tras la tragedia sanitaria.

Las consecuencias macroeconómicas de este desastre de gestión no se han hecho esperar. Según los últimos datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el PIB brasileño cayó 1,5% el primer semestre del año. El banco UBS en el reciente informe “Brasil: una gran recesión todavía mayor”, proyecta una caída del PIB del 7,5% para 2020. Según la encuesta Datafolha divulgada el 29 de mayo, dos de cada tres brasileños temen la crisis económica, el 50% dice haber sufrido recortes de salario y jornada y el 68% piensa que las consecuencias económicas de la pandemia serán muy complicadas. En paralelo, el real es la moneda que más perdió en relación al dólar en 2020, un 15%, comparado con un 4,98% del peso mexicano, un 9,40% del rand de Suráfrica o un 12,75% de la lira turca. Ante todo esto el gobierno no reacciona.

 

Sergio Moro, la Policía Federal, el Tribunal Supremo

El 24 de abril, el popular héroe anticorrupción, ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, anunció su dimisión y convocó una rueda de prensa para denunciar públicamente a Bolsonaro por haber intervenido en la Policía Federal destituyendo a su comandante, Maurício Valeixo. La decisión fue como replesalia por no doblegarse a las presiones para que la Policía Federal ejerciese como policía privada del presidente, ofreciendo informaciones privilegiadas sobre sus investigaciones y, sobre todo, protegiendo a los hijos de Bolsonaro, que tienen varios casos abiertos.

Sobre Flávio Bolsonaro (senador por Río de Janeiro) pesan acusaciones referentes a su exasesor político Fabrício Queiroz, sospechoso de realizar transacciones financieras ilegales para el senador por valor de 1,2 millones de reales. Sobre Carlos Bolsonaro (concejal por Río de Janeiro) pesan dos acusaciones: la primera por nombramiento de cargos fantasma en su gabinete y la segunda, la más importante en este momento, por ser uno de los supuestos coordinadores de la campaña de noticias falsas a través de millones de mensajes ilegales durante el periodo electoral. La misma acusación de coordinar el esquema masivo de noticias falsas pesa sobre Eduardo Bolsonaro (diputado federal por São Paulo).

La salida de Moro puso los focos de la prensa sobre los hijos y disparó una serie de reacciones. El exministro anunció que presentaría pruebas de la interferencia de Bolsonaro en la Policía Federal y así lo hizo. El Tribunal Supremo, objeto constante de ataques anticonstitucionales por parte de Bolsonaro, se ha unido a esta carrera de Moro para presentar pruebas relativas a un delito del presidente sobre el que pueda legitimarse un impeachment.

El magistrado del Tribunal Supremo, Celso de Mello, en guerra abierta contra Bolsonaro, autorizó el 22 de mayo la divulgación del vídeo de una reunión ministerial, apuntado como prueba por Moro, donde tanto el presidente como algunos ministros pronuncian frases comprometidas. En la grabación se escucha a Bolsonaro decir, expresamente, que están intentando llegar a él a través de su familia y que si tiene que destituir a quien sea para proteger su familia, lo hará. Además, en otro momento asegura estar a favor de armar a la población para que reaccione contra una supuesta tentativa autoritaria de la izquierda, además de proferir insultos contra la prensa y varios gobernadores. Sus ministros no se quedan atrás, como el de Educación, Abraham Weintraub, quien dice que metería en la cárcel a los miembros del Tribunal Supremo. Al día siguiente de la divulgación del vídeo se abrió una investigación contra Weintraub. Ricardo Salles, ministro de Medio Ambiente, afirma en la grabación que deben aprovechar el hecho de que durante la pandemia nadie esté pendiente del medio ambiente para aprobar todas las reformas del sistema de protección medioambiental que deseen. En paralelo a este escándalo, el Supremo Tribunal Electoral ha abierto una investigación sobre el esquema de noticias falsas y desinformación durante la campaña electoral con la posible impugnación de la candidatura Bolsonaro-Mourão.

Debido a esta crisis, en las últimas semanas, el presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, ha acumulado sobre su mesa 32 peticiones de impeachment contra Bolsonaro. Uno de ellos, especialmente significativo, impulsado el 20 de mayo por más de 400 partidos, entidades y movimientos, desde el Partido de los Trabajadores, a movimientos feministas y de negros, se ha convertido en el primer gran frente de oposición a Bolsonaro. La petición se basa en el supuesto crimen de responsabilidad que Bolsonaro habría cometido convocando e instigando manifestaciones contra el Tribunal Supremo así como por su interferencia en la Policía Federal.

En una carta publicada el 30 de marzo, la oposición unida por medio de tres excandidatos presidenciales, los presidentes de seis partidos progresistas y otros líderes de la centroizquierda brasileña pedían la renuncia de Bolsonaro, acusándolo de ser “incapaz” de enfrentar la crisis provocada por el Covid-19 y de actuar de forma “irresponsable” ante la pandemia. “¡Basta! Bolsonaro es más que un problema político, se volvió un problema de salud pública (…) Debería renunciar”, dice el texto firmado, entre otros, por los excandidatos Fernando Haddad y Ciro Gomes, que terminaron en segundo y tercer lugar en la elección presidencial de octubre de 2018. A esta petición se han unido además los líderes del Partido de los Trabajadores (PT), el Socialista Brasileño (PSB), Democrático Laborista (PDT), Socialismo y Libertad (PSOL), Comunista del Brasil (PCdoB) y Comunista Brasileño (PCB). La oposición da los primeros pasos para sumar fuerzas conjuntas para derrotar a Bolsonaro en el ámbito federal, a la vez que también lo intenta en el ámbito municipal, dado que este año Brasil debe celebrar elecciones municipales, probablemente aplazadas hasta noviembre, que serán la primera gran cita electoral desde la victoria de Bolsonaro en 2018.

Los últimos datos muestran que el rechazo al gobierno Bolsonaro pasó del 38% en abril al 43% en mayo, el mayor índice desde el comienzo del mandato. Su base, sin embargo, continúa fiel, con una aprobación estable del 33%. Estos son los datos que manejan los líderes de partidos de oposición para argumentar que se está formando un clima social propicio para un posible impeachment. Por si fuera poco, no solo pesa esta amenaza sobre el presidente, sino también contra unos de sus hombres más fuertes, el general Augusto Heleno, jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República. El PT emitió la petición después de la divulgación de una carta donde Heleno amenaza al Tribunal Supremo.

 

Los militares, únicos aliados

A Bolsonaro no le quedan aliados ni en el Congreso, ni en la prensa, ni el magistratura, y su popularidad va en descenso. Los únicos que permanecen a su lado son las fuerzas armadas que integran el gobierno más militarizado de la historia brasileña. Este apoyo, sin embargo, tiene fisuras, el general Edson Pujol, Jefe Mayor del Ejército, ya declaró públicamente su apoyo al confinamiento y su preocupación por el Covid-19, contradiciendo a Bolsonaro.

No obstante, existe un fuerte núcleo duro militar que protege al presidente, en el que destaca el general Walter Souza Braga Neto. En una acción definida por muchos como una intervención indirecta, Neto, ha sido nombrado recientemente ministro da Casa Civil. En 2018, fue Jefe del Estado-Mayor del Ejército y comandante de la intervención federal de carácter militar en Río de Janeiro. Neto es quien mejor conoce los vínculos de la familia Bolsonaro y en su posición actual ha adquirido gran protagonismo político en un puesto que algunos denominan “Jefe del Estado-Mayor de Planalto”.

En la actual situación de crisis económica y sanitaria, crece el miedo en diversos sectores a que, motivado por una posible onda de inestabilidad, Bolsonaro decrete medidas excepcionales de militarización. Un giro autoritario característico de un gobernante que se siente atrapado y cuya única salida puede ser la radicalización.

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