Periodistas cibervigilados, gobiernos que sospechan

MYRIAM REDONDO
 |  29 de enero de 2015

El gobierno británico ha manejado correos electrónicos de reporteros de grandes medios de comunicación; Wikileaks asegura que Google ha entregado emails de su equipo a la administración de Estados Unidos. Con las posibilidades de vigilancia electrónica multiplicándose, se recrudece la guerra por la confidencialidad entre medios y autoridades.

The Guardian ha buceado entre los papeles difundidos por Edward Snowden (el extécnico de la CIA que reveló programas ocultos de espionaje de EE UU) para concluir que la GCHQ -el cuartel general de comunicaciones del gobierno británico- captó mensajes recibidos o enviados por periodistas de su redacción y de la BBC, Reuters, The New York Times, The Washington Post, The Sun y la NBC. En principio, la información se recogió solo de pasada al realizar un test informático, pero intranquiliza saber que los datos fueron compartidos en la intranet de la GCHQ y que, según otro documento difundido por Snowden, esta agencia incluye a los periodistas de investigación en una bolsa de “amenazas” donde también sitúa a terroristas y hackers.

RIPA, una regulación británica del año 2000, facilita al gobierno la captación de conversaciones telefónicas de un sospechoso sin pasar por los juzgados. Pese a las protestas reiteradas de los editores, todo indica que seguirá implantada e incluso que podría ir más allá. El atentado contra Charlie Hebdó ha intensificado las voces en favor de aumentar la vigilancia digital.

En los mismos días en que se ha conocido la investigación de The Guardian, Wikileaks ha denunciado una intromisión grave en su privacidad. Afirma que en 2012 Google recibió una orden judicial y entregó metadatos y mensajes electrónicos de su portavoz y varios editores senior al Departamento de Justicia estadounidense. Eran los tiempos en que la Casa Blanca impulsaba una investigación contra la plataforma por revelación de secretos y conspiración. Los periodistas afectados sólo han sido avisados ahora.

Wikileaks publicó contenidos tan demoledores para la imagen de Estados Unidos como el vídeo llamado Daño Colateral que muestra a soldados de EE UU disparando desde un helicóptero a civiles (entre ellos un fotógrafo) en Irak. El antiguo soldado Chelsea Manning cumple condena de 35 años por filtrar éste y otros materiales.

La guerra que enfrenta a los periodistas y el gobierno está aún más enquistada en EE UU que en Reino Unido. Barack Obama, un presidente que accedió al poder con imagen de transparencia y cercanía, se ha terminado distinguiendo por su lucha sin cuartel contra los reporteros que divulgan información clasificada, pero sobre todo contra las fuentes que se la filtran. Lejos de provocar una reflexión y un retroceso en esa hostilidad, el caso Snowden la espoleó.

 

Obama contra la Prensa

“Periodistas y potenciales fuentes continúan afrontando una vigilancia y riesgo legal sin precedentes”, afirma Norman Solomon en la Columbia Journalism Review.  La revista hizo un informe en octubre de 2013 sobre filtraciones y vigilancia en la América post 11-S. Acusaba a la Casa Blanca de impedir rutinariamente la difusión de información, protegerse para evitar el escrutinio de la prensa y perseguir agresivamente las filtraciones de información clasificada, poniendo en marcha amplios programas de vigilancia electrónica que disuadían a cualquier fuente potencial de hablar con la prensa.

Según CJR, al menos en dos de las investigaciones emprendidas por el gobierno de Obama contra fuentes de la Administración sospechosas de filtrar (los llamados whistleblowers) se comprobaron los registros telefónicos y digitales de profesionales de la información. Un periodista de la Fox fue considerado formalmente cómplice en un caso contra una fuente finalmente sentenciada como culpable, lo que dejó abierta la posibilidad de un procedimiento contra él. En esa línea, el caso más conocido es quizá el de James Risen.

Este periodista de The New York Times con dos premios Pulitzer vio grabadas sus conversaciones tras publicar un libro (Estado de Guerra) donde narraba acciones encubiertas de EEUU para abortar el programa nuclear iraní. Risen se negó a confesar el nombre de su fuente, pero no sirvió de nada. Un juzgado acaba de dictaminar que la garganta profunda del caso fue el ex oficial de la CIA Jeffrey A. Sterling. Está a la espera de sentencia.

Otro caso muy conocido fue el del agente de la CIA John Kiriakou, que en 2012 pasó de lograr importantes éxitos en la lucha contra el terrorismo en Paquistán a ser acusado de filtrar información clasificada. Está en la cárcel.

Ambos gobiernos, el británico y el estadounidense, se han defendido reiteradamente de las acusaciones de la prensa con el argumento de que sí existe transparencia pero debe quedar delimitada siempre por las fronteras de la seguridad nacional. También los implicados digitales, como Google, se defienden. El buscador ha dicho en un comunicado que intenta avisar a los afectados por estas intromisiones del Gobierno, pero que no lo hace “en casos limitados, como cuando están silenciados por una orden judicial, lo que lamentablemente ocurre con frecuencia”.

 

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