Redefinir los valores de la gobernanza económica mundial

Mientras el mundo se prepara para la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4 por sus siglas en inglés), que se celebrará en Sevilla, los trabajadores se enfrentan a la conjunción de tres crisis interrelacionadas: económica, social y medioambiental. Tener un trabajo decente es una quimera para millones de personas, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aún están lejos de cumplirse. Al mismo tiempo, la proliferación de regímenes autoritarios y conflictos armados está socavando la democracia y la paz en todo el mundo. Para la Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a más de 191 millones de trabajadores de 169 países, la Conferencia de Sevilla tiene que ser un punto de inflexión. La FfD4 debe fijar objetivos más ambiciosos en materia de financiación para los ODS, redefiniendo así los valores de la gobernanza económica mundial.

«La proliferación de regímenes autoritarios y conflictos armados está socavando la democracia y la paz en todo el mundo»

El movimiento sindical internacional atribuye un lugar central en esta transformación al Nuevo Contrato Social: un ambicioso proyecto dirigido a introducir la justicia social, la participación democrática y la equidad en la economía mundial. Redefinir los valores de la gobernanza económica mundial no es solo una cuestión técnica, sino también y, ante todo, una decisión política y moral que afecta al modo de compartir los beneficios del desarrollo y a vivir de forma sostenible. Los Estados deben asumir la responsabilidad de instaurar un sistema que favorezca a las personas corrientes y al planeta, y no a los multimillonarios.

Este Nuevo Contrato Social deberá cumplir seis objetivos clave:

1) creación de empleos decentes y respetuosos con el medio ambiente, con transiciones justas, 2) derechos para todos los trabajadores y las trabajadoras, 3) salarios dignos, 4) protección social universal, 5) igualdad y no discriminación, y 6) inclusión.

Empleos decentes y transición justa

La creación de empleos decentes y respetuosos con el medio ambiente, que ocupa un lugar central en la agenda de la CSI, lleva aparejadas ambiciosas inversiones públicas, así como el apoyo a una transformación industrial encaminada a la neutralidad en emisiones de carbono.

En la creación de empleo deberán priorizarse los sectores estratégicos como la economía del cuidado, la economía verde y las infraestructuras sostenibles. La importancia de los sistemas nacionales de atención integral a la salud para la construcción de una sociedad más justa es tal que, en el 69º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, celebrado en marzo pasado, los Estados se comprometieron a priorizar las inversiones públicas en dichos sistemas.

Además, es necesario reducir la economía informal (en la que las mujeres están sobrerrepresentadas) con políticas que garanticen el cumplimiento de las normas laborales internacionales, la protección social y los salarios dignos.

Derechos y salarios dignos para todos

Se deben garantizar los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, con independencia de su régimen laboral y situación migratoria. En el sistema monetario internacional hay sugerencias de distinto tipo. Tal vez, las más importantes son un mayor acceso de los países de renta baja a más líneas de crédito, y la creación de más líneas contingentes del Fondo Monetario Internacional (FMI), como la línea de crédito flexible. Estas son recursos crediticios que los países pueden utilizar o no utilizar, pero que son una excelente alternativa a la acumulación de reservas internacionales por parte de los países en desarrollo. Deberían estar complementados con un mecanismo de permuta de (swaps) de monedas del FMI, al cual tenga acceso un conjunto amplio de países.

En lo que respecta a los salarios, hay que señalar que millones de trabajadores en todo el mundo no reciben una remuneración que les permita disfrutar de una vida digna, al tiempo que el número de millonarios sigue aumentando. Pese a no ser objeto de atención habitual en el ámbito de la financia
ción para el desarrollo de las Naciones Unidas, los salarios tienen enorme importancia para millones de personas corrientes, cuyo mayor problema diario de “financiación” es llegar a fin de mes. La FfD4 deberá, por tanto, atribuir a las políticas salariales una importancia decisiva que se refleje en los resultados de la Conferencia. Es necesario asumir compromisos firmes en materia de salarios dignos, incluidos los de adecuar los salarios mínimos y ampliar la negociación colectiva.

Protección social universal

La ausencia de sistemas de protección social universal es una de las principales causas de desigualdad a nivel mundial. La CSI viene insistiendo en la necesidad de atribuir al objetivo de protección social universal, conforme a las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un lugar central en toda estrategia de desarrollo. Además de ser fundamentales para la dignidad de las personas, los sistemas públicos de salud, pensiones, prestaciones por desempleo, educación infantil y asistencia a la vejez contribuyen decisivamente a la estabilización económica.

Los Estados deben por ello invertir en sistemas de protección social que garanticen la cobertura universal, fijando objetivos concretos y con plazos definidos y tomando como punto de partida el aumento de la protección social efectiva en al menos dos puntos porcentuales cada año, objetivo que se corresponde con los resultados obtenidos por los países que han hecho mayores progresos en esta materia en el periodo 2015-2023 y permitiría a más países cumplir la meta 1,3 de los ODS para 2030.

Además, es imprescindible apoyar, mediante la cooperación para el desarrollo, a aquellos países que carezcan de recursos suficientes para financiar sistemas de protección social para transiciones justas de las Naciones Unidas, que constituye un instrumento sumamente útil en este aspecto, está siendo promovido por el movimiento sindical en varios países.

Igualdad y no discriminación

El compromiso claro y permanente con la igualdad es condición indispensable para alcanzar la justicia social. Este compromiso implica erradicar todas las formas de discriminación en el ámbito laboral y en la sociedad. La FfD4 se celebrará poco después de la aprobación de la Declaración Política Beijing+30, por lo que se nos presenta una oportunidad histórica para aumentar los recursos destinados a las políticas transformadoras en materia de género, entre ellas las encaminadas a garantizar el acceso de las mujeres a los puestos de trabajo y la igualdad salarial y a crear sistemas de cuidado integrales.

Inclusión

Para lograr estas aspiraciones es necesario reescribir las reglas de la economía mundial: la Conferencia de Sevilla deberá contribuir a la construcción de un sistema multilateral que haga frente a las diferencias sistémicas de poder y riqueza y otorgue a todos los países influencia efectiva a la hora de decidir cómo ha de funcionar la economía mundial y a quiénes ha de servir. Para ello es preciso acometer reformas profundas en materia de inversiones, fiscalidad, deuda, comercio y cooperación para el desarrollo.

Justicia fiscal

Una fiscalidad justa y progresiva es un pilar esencial de las sociedades equitativas. El actual sistema económico mundial permite el fraude fis
cal, la elusión masiva de impuestos y la tendencia a reducir todo lo posible los impuestos sobre beneficios. Estos males privan a los países, especialmente a los del Sur Global, de los ingresos fiscales que necesitan para construir sólidos sistemas públicos y financiar sus estrategias de desarrollo.

La CSI exige la aplicación de un tipo mínimo mundial del 25% en el impuesto de sociedades, la introducción de un impuesto sobre las grandes fortunas y una tasa sobre las transacciones financieras dirigidos a frenar la especulación. Una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional con fuerza vinculante será igualmente necesaria para garantizar la justicia fiscal a nivel mundial.

Al mismo tiempo, los Estados deberán dar prioridad a los impuestos progresivos respecto de los indirectos, que afectan desproporcionadamente a las familias con bajos ingresos. La política fiscal deberá orientarse al cumplimiento de los ODS y no a la defensa de los intereses de las grandes empresas.

Salir de la trampa de la Deuda

Unos 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en el servicio de la deuda que en salud o educación. Si no se adoptan medidas urgentes, las crisis de deuda pueden impedir el logro de los ODS.

La CSI propugna medidas generales de alivio, condonación y reestructuración de la deuda para aquellos países de renta baja y media que las soliciten. El alivio de la deuda, que no debe condicionarse a la adopción de políticas de austeridad, tendrá por objeto facilitar la inversión de recursos en la recuperación económica y el desarrollo de la resiliencia. La CSI reclama por ello la creación de un mecanismo permanente de carácter multilateral para la resolución de problemas de deuda cuya dirección correspondería a las Naciones Unidas.

Rendición de Cuentas de la Financiación Privada

Se dijo que, con el concurso del capital privado, los fondos destinados al cumplimiento de los ODS pasarían “de los miles de millones a los billones”: lamentablemente, esta pretensión “ha resultado ser una quimera”, como reconoció hace poco el economista en jefe del Banco Mundial, Indermit Gill. Las políticas de desarrollo de los Estados no pueden estar sujetas a los intereses de las grandes empresas. La financiación privada puede contribuir al desarrollo, pero solo si se regula estrictamente y se somete a mecanismos de rendición de cuentas de carácter obligatorio. Las empresas privadas que gestionen recursos públicos (como los fondos de cooperación para el desarrollo) deberán fomentar la creación de empleos decentes, observar las normas de la OIT, ejercer la diligencia debida y adoptar una conducta empresarial responsable: de ahí la necesidad de un tratado vinculante de las Naciones Unidas relativo a las multinacionales y los derechos humanos.

Además, los bancos multilaterales de desarrollo deben incorporar la creación de empleo decente y la protección de los derechos laborales a sus actividades, rechazando la imposición de condiciones nocivas a los países receptores de fondos y la aplicación de una lógica de mercado cortoplacista.

Cooperación para el desarrollo

La cooperación para el desarrollo avanza a duras penas, limitada desde hace decenios por el incumplimiento de ciertas promesas. Los países donantes siguen sin satisfacer su compromiso de destinar el 0,7% de la renta nacional a la ayuda oficial al desarrollo (AOD). La ayuda al desarrollo se orienta cada vez más a la defensa de los intereses políticos de los países donantes en lo que respecta a la gestión migratoria y al rearme, entre otras materias.

La CSI insta a los donantes a establecer plazos e indicadores específicos para el cumplimiento del objetivo del 0,7%, incluida la asignación de entre un 0,15% y un 0,20% a los países menos desarrollados. Además, la AOD debe centrarse en la creación de empleos decentes, la protección social, los servicios públicos de calidad y la igualdad de género. Los países donantes deben cumplir el objetivo de destinar como mínimo el 7% de la AOD a la protección social para 2030 y aspirar a alcanzar el 14% en el mediano plazo.

Mirar por las personas

Las actuales reglas del comercio mundial agravan las desigualdades, siendo los trabajadores los grandes perjudicados. Tenemos un ejemplo de este fenómeno en la guerra comercial que ha iniciado el presidente Donald Trump y que costará empleos, disparará los precios y tendrá, en general, consecuencias funestas para trabajadores y consumidores en todo el mundo.

Es necesario mejorar las reglas del comercio incorporando normas laborales y medioambientales, obligaciones en materia de diligencia debida y defendiendo los principios de la OIT. La CSI propugna una colaboración más estrecha entre la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la OIT y reclama acuerdos comerciales que protejan y consoliden los derechos humanos y laborales (en vez de socavarlos).

Una transición justa en materia comercial es imprescindible para el impulso del desarrollo industrial verde, la transferencia de tecnología y la creación de empleos decentes en todas las cadenas de suministro con bajas emisiones de carbono. Los países en desarrollo deberán recibir un trato especial y preferente con el fin de garantizar que se beneficien de las transiciones hacia la neutralidad climática.

Conclusión: Objetivos ambiciosos

La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo no es una cumbre mundial cualquiera. En ella se pondrán a prueba nuestra voluntad política y claridad moral y nuestro compromiso con un futuro justo y sostenible.

La CSI tiene una postura clara: en la financiación para el desarrollo se debe mirar por las personas y por el planeta y no por los intereses de los poderosos. Los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo reclaman instituciones democráticas, transparentes, inclusivas y capaces de crear un nuevo contrato social. Es hora de traducir los principios en acciones y los compromisos en políticas.

Esperemos que la Conferencia de Sevilla se recuerde no por una serie de declaraciones huecas, sino como muestra de que el multilateralismo funciona y la solidaridad puede prevalecer sobre la lógica del beneficio.