La rivalidad entre las dos potencias podría alterar las negociaciones en Malí, con el riesgo de que se traslade al escenario libio, con más repercusión para la seguridad regional.

El 15 de mayo de 2015, en Bamako, se firmó el Acuerdo de Paz y Reconciliación de Malí, fruto del proceso de Argel. Los firmantes fueron las autoridades malienses, los grupos armados enfrentados a los tuaregs –que apoyaban, por tanto, la postura gubernamental– y las partes internacionales que apoyaban las negociaciones, esto es, la Unión Europea (UE), la Unión Africana (UA), Naciones Unidas (ONU), la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (Cedeao) y la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), así como los Estados sahelianos, el mediador argelino y Francia. De hecho, solo faltaba la Coordinadora de los Movimientos de Azawad (CMA), que agrupa los movimientos tuaregs de la región norte de Malí, donde se encuentra el origen de la crisis: el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA), el Alto Consejo para la Unidad del Azawad (HCUA) y el Movimiento Árabe de Azawad (MAA). La víspera, la CMA se contentó con rubricar el acuerdo en Argel, insistiendo en la necesidad de proseguir las negociaciones e ir más adelante en pos de la autonomía del Norte.

Mientras que el gobierno maliense se jacta de un éxito para el proceso de paz, coronado por la presencia de varios jefes de Estado africanos, la CMA pretende seguir defendiendo sus reivindicaciones e integridad política. De todos modos, sobre el terreno, la situación no parece cambiar demasiado: por un lado, un alto el fuego cada vez más ilusorio; por otro, la persistencia de las amenazas proferidas por los grupos terroristas yihadistas. A día de hoy, pues, las partes en conflicto se enfrentan a un verdadero statu quo, más aun cuando el apoyo internacional…