Ya no es factible seguir hablando de una política de ayuda en los mismos términos. La tradicional Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), financiada por los impuestos de los contribuyentes de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y transferida a los países en desarrollo no parece tener mucho más recorrido. Las distorsiones en las asignaciones, fragmentación, volatilidad y su contribución marginal a los procesos de desarrollo económico y mejora de los niveles de vida ya no legitiman su papel. El avance de la inversión privada sobre la pública promueve un mayor crecimiento económico, proporcional a la disminución financiera de la AOD. Para 2015 se estima que alrededor de 100.000 millones de dólares fluyan del sector público (AOD) al privado (Instituciones Financieras Internacionales, IFI). Como sostenía el Informe de Desarrollo Humano de 2013, las nuevas relaciones de poder y desafíos globales como la crisis financiera, energética, alimentaria y la degradación medioambiental y climática obligan a su transformación en un marco de trabajo más representativo de la gobernanza internacional.

En este contexto se abre camino la Agenda de Desarrollo post-2015. Contemplando las limitaciones de los Objetivos de Desarrollo formulados en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en 2000, los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) avanzan sobre un escenario de metas universales y ambiciosas, pero donde sigue sin haber garantías suficientes para su financiación y cumplimiento. La financiación internacional al desarrollo sigue sin tener una hoja de ruta, su naturaleza cambiante y la lentitud con la que nuevos actores entran en escena –como los países Brics o los Eagle– hacen que los desafíos hacia una mayor coherencia de políticas para el desarrollo permanezcan intactos, mientras la definición de la AOD se amplía hacia un concepto “altamente técnico y político”. Un ajuste que responde más a…