Diez años después de la oleada de protestas que sacudió el mundo árabe con reivindicaciones de libertad, justicia social y dignidad en 2011, Marruecos no parece haber avanzado en esa dirección. A lo largo de la última década, la monarquía ha fortalecido su centralidad política en detrimento de las instituciones representativas y ha abandonado la “democratización” como discurso legitimador, en un contexto de relativo deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. Esto ha coincidido con una nueva asertividad en política exterior y en relación con el conflicto del Sáhara Occidental que ha traído ciertos réditos.

Sin embargo, la estabilidad semiautoritaria interna se enfrenta a los riesgos de un excesivo debilitamiento de actores políticos intermediarios, como el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), así como a la posibilidad de que la crisis sanitaria actual desborde el descontento socioeconómico y la insatisfacción política que ha sido contenida, pero constante, en estos años.

Reformas de 2011 y gobiernos subalternos del PJD

EN 2011, Marruecos mostró la capacidad del régimen para reaccionar y superar las protestas que se habían extendido por toda la región en el contexto de la primavera árabe. Tan solo nueve días después de la convocatoria de la primera manifestación popular, el 20 de febrero –que daría lugar al movimiento popular del mismo nombre– el rey Mohamed VI anunció por televisión una reforma constitucional, aprobada en julio de ese mismo año mediante referéndum, y la celebración de elecciones legislativas en noviembre. La gradual desmovilización del Movimiento 20 de Febrero mostró su incapacidad de recuperar la iniciativa en un proceso de reforma que sería, desde ese momento, dirigido desde arriba.

La Constitución, promulgada el 16 de julio, recogía algunas de las demandas formuladas por los manifestantes. Principalmente, reducía los poderes ejecutivos del rey a…