La nueva Estrategia de Acción Exterior que el gobierno de España acaba de remitir a las Cortes para su debate y posterior aprobación en Consejo de Ministros partía de una pregunta muy sencilla: ¿cuál debe ser la vocación de España en el orden internacional? La Estrategia da una respuesta clara: España debe poner su política exterior al servicio de la construcción de un orden internacional abierto, democrático y multilateral, en el que se respeten los derechos humanos y se protejan los derechos de las mujeres y de las minorías, sustentado sobre un modelo de crecimiento verde y sostenible y sobre un nuevo contrato social que garantice que las oportunidades económicas se distribuyen equitativamente. Nuestros valores e intereses se verían mejor protegidos en un mundo con esos rasgos.

No todos los actores internacionales comparten estos objetivos. De hecho, en las últimas dos décadas se ha producido un doble proceso de ascenso de gobiernos y actores iliberales en el escenario internacional y de disminución del apoyo a las sociedades abiertas dentro del mundo democrático. Este proceso de asedio a la democracia va acompañado de una verdadera regresión en derechos y libertades en buena parte del mundo. Este es el fenómeno al que deben hacer frente nuestras acciones en los años venideros. Y si bien la política exterior se compone de múltiples frentes, no debemos olvidar que lo que realmente se dirime en estos momentos es el tipo de sociedades y comunidad internacional que construimos entre todos. En las discusiones sobre fronteras y movilidad de personas está en debate la preferencia por sociedades diversas o sociedades monolíticas y, por tanto, excluyentes. El debate sobre el futuro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) oculta lo que es, en esencia, una discusión sobre la interdependencia económica y la libre competencia global. A la colisión…