A lo largo de los 11 primeros meses de 2017 cerca de 160.000 personas llegaron de manera irregular a las fronteras exteriores de la Unión Europea. La inmensa mayoría lo hizo a través de alguna de las rutas marítimas abiertas por los traficantes en respuesta a las medidas establecidas por los Estados miembros para impedírselo. No menos de 3.091 seres humanos perdieron la vida en el intento, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones.

El debate sobre la pertinencia y eficacia de las políticas migratorias europeas se reduce a menudo a un juego de equilibrios entre dos factores: de un lado, las necesidades de seguridad y control de los accesos a la UE; de otro, la protección de los derechos fundamentales de los migrantes, incluyendo los millones de solicitantes de asilo que se han aproximado a Europa desde 2014. Rara vez, sin embargo, conseguimos entender el espectro amplio de variables que determinan este juego, en el que no solo cuentan los perdedores de un sistema que no es políticamente neutro, sino también aquellos que se benefician económicamente de él y que podrían llegar a desempeñar un papel en la perpetuación del statu quo.

¿Quién gana con las políticas migratorias de la UE? Esta fue la pregunta que inspiró un proyecto de investigación de la Fundación porCausa que comenzó hace más de un año y que acaba de culminar su primera fase. En él hemos podido constatar que se ha conformado y consolidado en España una industria del control migratorio sin la cual no es posible llevar a término los objetivos declarados de la política de gestión de fronteras. Esta industria depende casi absolutamente de los fondos públicos que recibe de las instituciones europeas. A medida que España y la UE iban definiendo los fundamentos administrativos e ideológicos…