Guaidó, durante su discurso a los manifestantes el 23 de enero de 2019, en Caracas, Venezuela. FEDERICO PARRA/AFP/GETTY

Bicefalia en Venezuela

Carmen Beatriz Fernández
 |  25 de enero de 2019

De manera sorpresiva amaneció Venezuela con dos cabezas. En medio de multitudinarias manifestaciones de apoyo a la democracia conducidas durante la emblemática fecha del 23 de enero, asumió la presidencia interina del país el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, en un procedimiento contemplado en la Constitución. Días antes, el 10 de enero, el Parlamento había declaró a Nicolás Maduro “usurpador” del cargo. Había “ganado” unas elecciones extemporáneas que no fueron libres ni equilibradas, en las que tuvo la ventaja de escoger por defecto a su contendor, tras asegurarse de excluir a cualquier candidato con posibilidades vía la inhabilitación, el exilio, la cárcel, o incluso la muerte.

La presidencia temporal tiene una función fundamental: conducir al país a unas elecciones justas en el lapso de tiempo más breve posible. Asumir la presidencia interina estuvo dentro de las posibilidades de Guaidó desde el mismo momento que le tocó presidir la Asamblea Nacional, sin embargo sorprendió que fuera juramentado el 23 de enero. Una seguidilla de acciones y reacciones precipitaron el hecho. Después de declarar a Maduro usurpador, el Parlamento escogió a un nuevo embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que fue bienvenido por su secretario general, Luis Almagro. El Tribunal Supremo, brazo judicial de Maduro, lo consideró una afrenta y reaccionó exhortando al ministerio Público a una detención de la directiva parlamentaria. Fue después de esa decisión pública que Guaidó se juramentó, intentando así elevarle el costo político a una eventual detención.

Parece claro que las dos cabezas no podrán convivir mucho tiempo juntas. Una, la joven, afirma conducir una transición que devolverá la democracia al país. La segunda, envejecida de sopetón, da muestras de aferrarse al poder al costo que sea. Una cabeza ha recibido apoyo de la mayoría de la comunidad internacional, la otra sigue contando con el soporte de las bayonetas. Venezuela ha sufrido durante algún tiempo la coexistencia de dos tribunales supremos, dos fiscales generales, dos parlamentos, y varias de gobernaciones y alcaldías paralelas (cada vez que el oficialismo ha perdido una lid electoral regional). Sin embargo, la bicefalia no es posible y todo parece indicar que la crisis política está próxima a resolverse.

 

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Después de la juramentación, los bonos de la deuda venezolana subieron un 10% ante el optimismo de los mercados financieros por la posibilidad de un cambio político. Hubo una muy rápida reacción de aceptación de Guaidó como legítimo presidente encargado, por parte de la mayoría de los países del hemisferio. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Perú y Paraguay se sumaron al desconocimiento a Maduro. No ocurrió lo mismo con los pronunciamientos de los países europeos, que han venido siendo mucho más lentos, y sus apoyos con moderación y en cuentagotas. Francia, Reino Unido y Suiza han tenido las posturas de mayor aceptación a la juramentación, mientras que la Unión Europea emitió una tibia declaración que pasaba por alto lo ocurrido el 23 de enero. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, ha pedido una respuesta europeísta consensuada, salida astuta y que evade las responsabilidades propias, dados los afectos de quienes son socios del PSOE en el gobierno.

Existen evidentes asincronías entre unos y otros pronunciamientos. Los tiempos de Europa no son los de América. Con frecuencia, se hace la analogía de que América es como una quinceañera impetuosa, mientras que Europa es una cincuentona reflexiva y serena. Puede estar aquí parte de la explicación. Sin embargo, el fondo del asunto está en que Venezuela ha dejado de ser un problema de los venezolanos para convertirse en el más grave problema hemisférico de las Américas. Toda la región, y particularmente los países andinos, están viviendo las consecuencias de un éxodo descontrolado que podría alcanzar los cuatro millones de venezolanos, cerca de un 15% de la población nacional. Es una emigración que viene causando un severo desequilibrio subregional y que extiende la tragedia venezolana a varios países latinoamericanos, con la generación de peligrosos brotes xenofóbicos, como el recientemente ocurrido en Ecuador, y comprometiendo los sistemas socio-sanitarios de los países andinos. El fenómeno puede generar un efecto dominó de gran inestabilidad regional, por lo que el llamado Grupo de Lima reaccionó el 23 de enero al unísono y con gran celeridad.

Esta crisis debe analizarse en clave regional y no solo por el efecto desestabilizante del éxodo masivo, sino por los tiempos que imponen las agendas políticas de otros países de la región. Cuba, que es un país fundamental por la influencia que tiene sobre Maduro y otros actores relevantes de su gobierno, ha convocado a un referéndum aprobatorio de la nueva Constitución, a celebrarse el 24 de febrero. Es Cuba la más interesada en que no se mueva nada que pueda hacer tambalear su próxima consulta. Otro tanto ocurre con Nicaragua, cuyo gobierno reprime con desparpajo a quien osa pedir democracia y que podría fácilmente ser parte de un efecto dominó regional. Todo ello le imprime velocidad a los acontecimientos y a la toma de decisiones de las cancillerías hemisféricas.

¿Qué ocurrirá ahora? El espaldarazo de EEUU al “presidente interino” muy probablemente se traduzca en un aumento de las presiones económicas y petroleras contra el régimen de Maduro, que puede terminar abriendo nuevos espacios de negociación a niveles intermedios del aparato del Estado. Las operaciones comerciales y financieras relacionadas con la República, especialmente la compra petrolera y la administración de activos en el extranjero, deberán triangularse con la nueva gestión, lo que obligará a los responsables de la burocracia oficial a sentarse con Guaidó. Lo mismo ocurrirá con la tan demandada ayuda humanitaria que el gobierno se ha obcecado en rechazar. Y puede haber también gestión desde el interinato en la recuperación de capitales producto de la corrupción. Los próximos días serán decisivos. Es plazo que el propio Maduro le dio a los funcionarios diplomáticos que le desconocían para abandonar el territorio venezolano, en una suerte de auto-ultimátum.

La prudencia de Europa y la ambigüedad en la que se ha movido España podrían, paradójicamente, facilitar una solución. Ahora es posible un proceso de negociación final, presionado por la ya realista amenaza de la intervención multilateral, que condujera a un arbitraje electoral multinacional destinado a conducir elecciones generales libres y justas en un plazo breve de tiempo. Justamente la misión que la Asamblea Nacional le adjudicó al presidente Guaidó…

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