El ambicioso plan, articulado en torno a los objetivos en competitividad, defensa, energía, investigación, resiliencia industrial y el apoyo a Ucrania, deja a la vista limitaciones estructurales que auguran un complicado proceso de negociación.

La Comisión ha intentado romper con el reparto tradicional de recursos, donde las políticas agrícolas y de cohesión absorbían la mayor parte del presupuesto. En esta ocasión se propone reducir su peso relativo y agruparlas en Planes Nacionales y Regionales, inspirados en el mecanismo de recuperación pospandémica. La lógica es condicionar los desembolsos a resultados concretos, vinculando el dinero a reformas pactadas entre Bruselas y los gobiernos. Sobre el papel, se trata de una innovación de calado: pasar del envío automático de cheques a agricultores y autoridades locales a un sistema de financiación a cambio de objetivos verificables.

Otra novedad es la simplificación. El número de programas se reducirá y se fusionarán partidas en un Fondo Europeo de Competitividad, que aglutinará iniciativas como Horizonte Europa (investigación), EU4Health (sanidad) o LIFE (medio ambiente). El objetivo es aportar coherencia y flexibilidad, permitiendo reasignar recursos con mayor rapidez en un contexto de crisis múltiples. La financiación de defensa, energía y acción exterior también ganará peso, reflejo del nuevo y complicado entorno geopolítico.

Pese a estos avances, el presupuesto plantea problemas significativos. En primer lugar, el volumen de recursos sigue siendo muy limitado. La propuesta asciende a un 1,26 % de la renta nacional bruta de la UE. Una vez descontados los pagos de la deuda generada por el fondo NextGenerationEU, el margen real se reduce al 1,15 %. Esto supone, en términos efectivos, menos ambición que en el periodo actual. Resulta incoherente reclamar un salto estratégico para la Unión y, al mismo tiempo, mantener el gasto común en una franja históricamente baja.

En segundo lugar, el capítulo de ingresos…