Desde la fundación del país, los presidentes, el Congreso y los tribunales han lidiado con el mismo problema que enfrentó la Convención Constitucional de Filadelfia de 1787: dar al ejecutivo el poder suficiente para hacer cumplir las leyes y dirigir a la nación en tiempos de guerra, pero sin que esto pudiese poner en peligro el orden legal o erosionar las libertades.

Aunque el control civil de los militares es un valor sacrosanto en EEUU, nunca fue fácil conciliar ambas cosas. La última muestra de ello ha sido la confrontación entre Trump y el gobernador demócrata Gavin Newsom en Los Ángeles. Las imágenes de disturbios en medio de banderas mexicanas, dieron a Trump la oportunidad que venía esperando para enviar tropas federales a California apelando a una ley que en 1965 utilizó en Alabama Lyndon Johnson, pero con intenciones muy distintas.

Las tropas fueron a Salma por órdenes suyas para defender a activistas negros que exigían el respeto de sus derechos constitucionales y de las sentencias antisegregacionistas del Tribunal Supremo ante un gobernador, George Wallace, que se resistía a cumplirlas. El último en usarla fue George H.W. Bush en 1992, durante los disturbios en Los Ángeles provocados por la absolución de agentes de la policía que dieron una brutal paliza a Rodney King, un motorista negro.

La policía angelina –el LAPD, que tiene 9.000 efectivos y California 75.000– nunca perdió el control de la situación, pero la verdad importó poco a Trump, que quería demostrar su poder en un centro clave del poder político demócrata.

En una ciudad en el que la mitad de la población es de origen hispano o asiático, 44 personas fueron arrestadas sin orden judicial por agentes enmascarados del ICE, el servicio de inmigraciones federal. La mayoría eran trabajadores de bajos ingresos sin…