Una política de cooperación eficaz exige reconocer que no se puede hacer de todo en todas partes. España cuenta aún con demasiados objetivos prioritarios. Se debe alcanzar la especialización a partir de las capacidades y de las ventajas comparativas frente a otros donantes.

La cooperación al desarrollo española pugna por superar dificultades históricas para consolidar su posición como una política pública con relevancia, no sólo para la contribución al desarrollo de los países empobrecidos, sino también como un vector de transformación del conjunto de políticas públicas del Estado, en virtud del conocido principio de coherencia de políticas. Tras un periodo de reformas de calado iniciado en 2004, aún quedan por superar algunas de las principales dificultades, como el riesgo de bicefalia en la ejecución de la política, los límites del corporativismo en sectores de la administración o la instrumentalización del marketing de la solidaridad como razón electoral. El momento actual precisa de un gigantesco impulso político que oriente con claridad la introducción de principios y valores del desarrollo con equidad, sostenibilidad y basado en derechos humanos en el conjunto de políticas públicas, especialmente las del sector exterior. Este proceso exigirá superar también resistencias de intereses de sectores económicos y exportadores, potencialmente más eficaces en el actual contexto de crisis económica.

El periodo 2004-08 significó una serie de transformaciones y reformas de gran importancia para la cooperación española, que en su breve historia presentaba ya serias deficiencias, que iban del estancamiento inútil a la degeneración e instrumentalización de sus acciones para objetivos diversos y dispersos. La matriz que guía el conjunto de reformas es el principio de coherencia de políticas, según el cual la política de cooperación trasciende la política de ayuda y adquiere nuevas dimensiones para lograr que el conjunto de la acción exterior del Estado incorpore los Objetivos de…