Tropezando con la geopolítica

El recurso explícito al “arma de migración masiva” en la frontera de Ceuta constituye una situación inédita en la política exterior de Marruecos hacia España y la Unión Europea en su conjunto. ¿Qué nos dice sobre el pasado, presente y futuro de las relaciones bilaterales entre Madrid y Rabat?

Sobre el pasado nos recuerda que los mapas, lo territorial, siguen siendo fracturas abiertas aun pasados 65 años desde la descolonización del protectorado de Marruecos y 45 desde la anómala retirada española del Sáhara Occidental. Tanto el conflicto perpetuado –congelado o caliente– sobre la soberanía de este último territorio no autónomo como la reivindicación marroquí y la liminalidad geopolítica de las ciudades de Ceuta y Melilla son asuntos que los gobiernos de Madrid habrían borrado gustosos de la agenda bilateral hace décadas: el primero por haberse proclamado España desde 1976 oficialmente “desligada de toda responsabilidad de carácter internacional” sobre su administración; el segundo, directamente como non-issue del que no se habla. Sin embargo, ambas cuestiones territoriales tienden a colarse por la puerta de atrás cada cierto tiempo, con mayor o menos estrépito, endiabladamente entrelazadas algunas veces. Súmale a eso los roces cotidianos provocados en las últimas décadas por las políticas de externalización de fronteras de la UE y sus Estados miembros, los agravios –pero también el poder– que conlleva el ingrato papel de “gendarme de Europa”. El resultado es que lo territorial se convierte en el talón de Aquiles de las políticas exteriores española y europea hacia Marruecos, algo particularmente paradójico ahora que la UE, no sin ciertas confusiones conceptuales, pretende erigirse en potencia “geopolítica”.

Sobre el presente, la crisis actual vuelve a confirmar que el famoso colchón de intereses –ideado en los años noventa como vacuna para las tensiones de origen territorial entre España y Marruecos– ha sido a la vez un éxito y un fracaso. Convertida en precepto del consenso diplomático español postransición desde los años noventa, esta doctrina predicaba que la creación de una densa red de intereses compartidos a base de diálogo político institucionalizado y cooperación en todos los sectores, combinada con la europeización de políticas como la agricultura y la pesca, prevendría o paliaría la conflictividad cíclica entre los dos países vecinos. En otras palabras, buscaba trasladar la interacción bilateral del clásico tablero realista del equilibrio de poder y los juegos de suma cero a una lógica típicamente liberal de interdependencia compleja y soluciones win-win.

La primera parte de la ecuación ha funcionado, superando incluso las expectativas. Diversos indicadores demuestran el salto dado por la interdependencia hispano-marroquí en el terreno económico y social en los últimos treinta años. España desplazó hace cerca de una década a Francia como primer socio comercial de Marruecos y es hoy día el tercer país de origen de los stocks de inversión extranjera directa en el reino. Marruecos también se ha contado durante mucho tiempo entre los países prioritarios, destinatarios de un mayor volumen de recursos, para la ayuda al desarrollo y la cooperación cultural y educativa española. Y a nivel social se ha producido una rápida expansión de la comunidad de inmigrantes marroquíes establecidos en España. Pero igualmente cierto es que hemos seguido teniendo un Perejil en 2002, una crisis de Ceuta en 2021. La segunda parte de la ecuación ha fallado. Las cuestiones territoriales han persistido en convivencia con la interdependencia y la cooperación multiplicadas, creando una curiosa dualidad entre lógicas en principio antagónicas.

«Las cuestiones territoriales han persistido en convivencia con la interdependencia y la cooperación multiplicadas, creando una curiosa dualidad entre lógicas en principio antagónicas»

De estas dos almas de la relación bilateral, desde la resolución de la crisis de 2001-2003 ha prevalecido la cooperación sin solución de continuidad. En la fluidez de las relaciones entre las autoridades de ambos países ha influido la convergencia de posiciones en relación con el control fronterizo y migratorio y, sobre todo, el creciente papel de España como valedor de los intereses marroquíes ante la UE y las Naciones Unidas. Este ha sido vital en momentos adversos para Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental. Lo fue en 2003, cuando Rabat rechazó el Plan Baker II situándose como spoiler de cara a la comunidad internacional. La actuación de la diplomacia española en el Consejo de Seguridad de la ONU, del que España era entonces miembro no permanente, ayudó a rebajar los términos del primer borrador de resolución al respecto, privándolo de carácter vinculante o coercitivo y salvando la situación a favor de Marruecos. A continuación, en el contexto turbulento que siguió a la llamada intifada saharaui en El Aaiún de 2005, se prestó un apoyo discreto a los trabajos de elaboración del Plan de Autonomía marroquí para el territorio, presentado a la ONU en 2007, y se pasaron por alto sus insuficiencias. Más recientemente, Rabat ha requerido la intermediación de Madrid durante su crisis sin precedentes con Bruselas (2016-2019) provocada por las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que anulaban la aplicación al Sáhara Occidental de los acuerdos UE-Marruecos de comercio agrícola, pesca y aviación, a causa del estatus jurídico diferenciado de este territorio. El gobierno español ha actuado en el seno del Consejo como un activo abogado de la renegociación creativa de los acuerdos conforme a las exigencias marroquíes, intentando cuadrar el círculo de cumplir formalmente con los requisitos del TJUE pero manteniendo al Sáhara dentro.

Estos precedentes dan pistas sobre lo que quiere Marruecos de España en las actuales circunstancias desde un punto de vista estratégico, más allá del incidente de la hospitalización del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en Logroño: intercesión en Bruselas y Nueva York a favor de sus objetivos sobre el Sáhara Occidental, ahora más maximalistas que nunca desde la declaración presidencial de Donald Trump de reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio, y en anticipación del posible escenario de nuevas sentencias del TJUE adversas a Rabat.

Sobre el futuro, esta crisis evidencia lo vano de la ilusión liberal de despolitizar las relaciones bilaterales a base de interdependencia, y lo equivocado de barrer tabúes y problemas territoriales constantemente debajo de la alfombra.