Dos años después del primer brote de la ‘primavera árabe’ existe un sentimiento de decepción por la lenta velocidad de las transiciones, el papel de los islamistas o los derechos de la mujer. Hay que evitar conclusiones apresuradas: el proceso de cambio acaba de comenzar.

Cuando se desencadenaron las revoluciones árabes, primero en Túnez a finales de 2010 y después a principios de 2011 en Egipto, Bahréin, Libia, Yemen, Siria, se produjo una enorme sorpresa, casi incredulidad. Fue un choque frontal contra todas las visiones poscoloniales que del mundo árabe e islámico se habían forjado y asentado en los imaginarios dominantes occidentales. Las interpretaciones orientalistas habían instituido una excepcionalidad árabo-islámica ajena a las aspiraciones democráticas y el Estado de Derecho, asimilando el inmovilismo político de los regímenes a sus sociedades, considerándolas atrapadas en el tiempo por el islam, el gran mantra que lo determinaba todo y a todos.

Pero la “sorpresa”, real sobre el cuándo se podía producir esa movilización ciudadana que radicalmente quería poner fin a una era de desposesión y humillación, lo era menos con respecto a todos los factores, circunstancias y movimientos sociales que los precedieron y que anunciaban desde hacía tiempo su posible eclosión. Las políticas económicas asumidas desde los años ochenta (liberalización, privatización y desregulación) llevadas a la práctica por gobiernos autocráticos y clientelares les incapacitó para ejercer una gobernanza y un sistema económico productivo capaz de integrar de manera eficiente a sus ciudadanos. La situación socio-económica fue degradándose progresivamente, consecuencia de querer combinar la liberalización económica con estrategias que les garantizasen una total dominación política. El pacto social quedó roto y el Estado se convirtió en una oligarquía con una élite gobernante aislada y detestada…