Desde 2011 el régimen sirio ha ejecutado, torturado, bombardeado y gaseado a su propia población con total impunidad, provocando medio millón de muertos y 11 millones de desplazados. Y sin embargo, la Corte Penal Internacional (CPI), creada expresamente para sancionar esas violaciones masivas de los derechos humanos, no ha hecho nada. La razón es simple: Siria no es signatario del Estatuto de Roma de 1998 que creó la CPI.

Aunque se hable de justicia universal, un total de 60 Estados no forman parte del alto tribunal, entre ellos EEUU, Rusia, India, China, Israel, Irak y Cuba. Hoy 124 Estados, 34 de ellos africanos, integran la CPI. Pero tras el anuncio de abandono del alto tribunal de Burundi, Suráfrica y Gambia, a los que pronto podrían sumarse Kenia, Uganda y Namibia, su futuro se ha puesto ahora en entredicho. La razón es la llamada “fijación africana” de la CPI, que los países críticos califican abiertamente de “neocolonialista”.

Hasta ahora nueve de los 10 procedimientos en curso se han ocupado exclusivamente de asuntos africanos y todas sus sentencias más importantes han recaído también sobre ciudadanos africanos. Tres de la República Democrática del Congo (RDC) y uno de Malí protagonizan las cuatro más recientes: Thomas Lubanga, condenado por reclutar niños soldado; Germain Katanga, por crímenes de guerra; Jean-Pierre Bemba, por crímenes de guerra y contra la humanidad; y Ahmad Al Faqi Al Mahdi, primer condenado en el mundo por crímenes contra el patrimonio cultural cometidos durante la ocupación yihadista de Tombuctú en 2012.

Suráfrica ha anunciado que a partir de ahora centrará sus esfuerzos en la Corte Africana de Derechos humanos y de los Pueblos, que preserva la inmunidad diplomática de jefes de Estado y de gobierno. Una deserción masiva de países africanos de la CPI le infligiría un…