Las protestas contra la Ley de Enmienda de Ciudadanía revelan las hondas fisuras étnicas de la democracia india.

La nueva ley abre el camino a la nacionalidad india a inmigrantes provenientes de Afganistán, Pakistán y Bangladesh, siempre que sean hindúes, cristianos, sijs, jainistas, zoroastrianos o budistas.

En el Parlamento el Sí ganó por 25 votos, de un total de 245. Las manifestaciones, con decenas de muertos, han sido multitudinarias en Nueva Delhi, Calcuta, Mumbai, Chennai o Hyderabad, lo que muestra la resistencia de amplios sectores sociales a los planes del primer ministro Narendra Modi y su partido, el Bharatiya Janata (BJP), de “hinduizar” a India por decreto.

Los principios seglares de tolerancia e imparcialidad del Estado en materia religiosa están consagrados en el Artículo 14 de la Constitución, que hace de la igualdad un derecho fundamental y, por tanto, no sujeta a enmiendas parlamentarias.

Sus críticos creen que el objetivo último del BJP es hacer de India un Estado hindú, marginando y rebajando a sus 200 millones de musulmanes (14%) a ciudadanos de segunda. Así, de paso, Modi desvía la atención pública de los problemas reales. El país crece a su ritmo más lento en una década y la actual tasa de desempleo es la más alta en 40 años.

La ley no pretende proteger a minorías perseguidas sino hacer de la confesión religiosa un criterio y hasta parte constitutiva de la ciudadanía. Los líderes del BJP aseguran que la ley no se dirige contra nadie, sin embargo, su texto no menciona al islam ni a los musulmanes.

El ministro del Interior Amit Shah ha dicho en varias ocasiones que después de la ley habrá un registro nacional en el que todos los indios deberán mostrar documentos probatorios de su nacionalidad. Los ultranacionalistas sostienen que debido a su…